Bahía de las Águilas: Tribunal Constitucional falla a favor de la Procuraduìa General de la Repùblica

 

MIÈRCOLES, 10 JULIO, 2024: El Tribunal Constitucional (TC) emitió una sentencia en favor de la Procuraduría General de la República y del juez de la Tercera Sala de la Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Manuel Ramón Herrera Carbuccia, que fue objeto de una querella por supuestas irregularidades en el caso Bahía de las Águilas.

La querella, que tuvo como fallo el desagravio en favor del magistrado Herrera Carbuccia, fue presentada por el consejo de abogados del caso Bahía de las Águilas, encabezado por la empresa Global Multibussines Corporation, representada por Rafael Helena Regalado.

En su señalamiento, este consejo de abogados argumentó la existencia de presuntas irregularidades procesales, violación del debido proceso, afectación a los derechos de propiedad y existencia de un esquema de soborno y corrupción judicial que habría inclinado la balanza en favor del Estado dominicano y del Ministerio Público.

Con dicha estrategia, los querellantes perseguían que se reexaminara el caso, bajo el alegato de que en las sentencias que favorecieron al Estado dominicano no se había garantizado un proceso justo y transparente para todas las partes involucradas.

En el conflicto judicial, que tuvo su origen en la querella con constitución en actor civil radicada por la entidad de comercio Global Multibusiness Corporation, S.R.L., el15 de enero 2019, en contra del magistrado Herrera Carbccia, los querellantes señalaron que con su actuación el magistrado había cometido una alegada violación a los artículos 20 de la Ley núm. 3726, sobre Procedimiento de Casación de República Dominicana (modificada por la Ley núm. 491-08).

También señalaban que el juez Herrera Carbuccia, encargado del caso Bahía de las Águilas, cometió supuesta prevaricación, cohecho, soborno y corrupción.

El caso duró más de 20 años en los tribunales

Bahía de las Águilas, considerada como una de las playas más bellas del mundo, a inicios de los 90 fue víctima de la apropiación de sus terrenos por parte de funcionarios del gobierno de Joaquín Balaguer. En 2018 después de 20 años en los tribunales, la Suprema Corte de Justicia falló a favor del Estado y lo acreditó como dueño de los 362 millones de metros cuadrados.