Situación Sierra Bahoruco tendría alto costo Estado

Por Ángela Ramírez

MARTES, 27 FEBRERO, 2024: El alegato de que varias instituciones gubernamentales no se defendieron de las demandas sobre terrenos de la Sierra Bahoruco, que terceros reclaman como suyos, podría traer como consecuencia al país el pago de más de 4 mil millones de pesos, viéndose esto como “el fraude inmobiliario más colosal” al Estado dominicano.

Los terrenos de la Sierra de Bahoruco han aparecido con títulos a nombre de terceros y, según alegaciones, se pretende reclamar como propio el 70 % de ese patrimonio natural.

Hasta ahora, el Tribunal Superior Administrativo ha sentenciado al Estado Dominicano a través del Ministerio de Medio Ambiente al pago de 1,266 millones de pesos a Tomás Dantes-Castillo y su firma DC International, de la cual ostenta el cargo de gerente. Este importe solo cubre dos de las siete demandas que han sido interpuestas por Dantes Castillo. Si las cinco restantes resultaran con el mismo fallo, la suma de indemnización se elevaría a más de 4,000 millones de pesos. En este caso, el Estado se condenaría a sí mismo a enfrentar a una obligación financiera de 4,238 millones en favor de Tomás Dantes-Castillo y DC International.

Desde hace 62 años y hasta las legislaciones ambientales vigentes, el Parque Nacional Sierra de Bahoruco ha estado protegido legalmente y, de acuerdo con las leyes, no podía ser transferido a terceros. Para los expertos en la materia medioambiental y legal, según se presentó en el programa Reporte Especial con Julissa Céspedes, era jurídicamente imposible que los derechos del Parque Nacional Sierra de Bahoruco fueran registrados a nombre de un tercero. Esto, a saber que en 1962, el Consejo de Estado declara el territorio como un área vedada, imponiendo restricciones para proteger su riqueza natural. Luego, en el 1983, el Estado dominicano oficializa el territorio como el Parque Nacional Sierra de Bahoruco, comprometiéndose así con su conservación.

Según se señala en el informe del programa de investigación, para febrero de 1986, el parque es ampliado y delimitado mediante la ordenanza del Poder Ejecutivo 155-86, fortaleciendo su protección y estableciendo límites precisos. En 2004, se promulga la Ley 202-04 de Áreas Protegidas y Biodiversidad que en su artículo 9 prohíbe que estas áreas sean registradas como propiedad privada por terceros. El 29 de diciembre de 2022, en vísperas de fin de año, la registradora de títulos en ese momento, Janny De los Santos Concé, “le entregó una constancia anotada a DC Internacional, haciendo de lo imposible, posible”.

egún se planteó Céspedes en el programa, de ser cierto los señalamientos en torno a la situacion de la Sierra de Bahoruco, “las debilidades institucionales de la República Dominicana han alcanzado niveles preocupantes”. Esto así, por el intento de apropiarse del 3.5 % del territorio nacional que son más de 700 kilómetros de los 1,126 que conforman el Parque Nacional Sierra de Bahoruco, que podría obligar al Estado a pagar indemnizaciones millonarias.

“No es la primera vez que esta cadena montañosa atrae la atención del público debido a temas controversiales, y la falta de protección del Parque Nacional Sierra de Bahoruco no es algo nuevo; tiene antecedentes, al igual que la historia de Tomás Rosendo Castillo”, sostuvo.

“El caso de Sierra de Bahoruco deja más preguntas que respuestas, pero según el ambientalista Nelson Bautista, la ausencia de consecuencias convierte el fraude contra el Estado Dominicano en un lucrativo negocio”, agregó la comunicadora.

La sentencia para pago de RD$1,266 millones

De acuerdo con la sentencia 0030-04-2023-SSEN-00088 de la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA), el Ministerio de Medio Ambiente, ni la Procuraduría general de la República ni la Dirección General de Bienes Nacionales depositaron “escrito de defensa ni realizaron argumentaciones en audiencia” respecto a las demandas de pago por expropiación de terrenos del hoy Parque Nacional Sierra de Bahoruco hechas por Tomás Rosendo Dantes-Castillo y la empresa DC International, SRL. Por tales motivos, el TSA ordenó pagar RD$1,266 millones a Tomás Dantes- Castillo y la empresa DC International, de la que es gerente. Tomás Dantes- Castillo y la empresa DC International justificaron la propiedad de una porción de terreno amparada con la matricula núm. 3000595525, con una superficie de 2,950,000.00 metros cuadrados dentro del ámbito de la Parcela núm. 4213, del Distrito Catastral núm. 03, del municipio Duvergé, provincia Independencia. Tomas Rosendo Dantes Castillo Soto, ingeniero de 66 años, nació en Santo Domingo. Él y la empresa DC Internacional, de la cual es gerente, se han declarado ante la ley como los propietarios del 70% de los terrenos.