Estado no se defendió en demandas sobre terreno Sierra Bahoruco
Por Hogla Enecia Pérez
El TSA ordenó pagar RD$1,266 millones a Tomás Dantes- Castillo y la empresa DC International, de la que es gerente
LUNES, 22 ENERO, 2024: El Ministerio de Medio Ambiente, ni la Procuraduría general de la República ni la Dirección General de Bienes Nacionales depositaron “escrito de defensa ni realizaron argumentaciones en audiencia” respecto a las demandas de pago por expropiación de terrenos del hoy Parque Nacional Sierra de Bahoruco hechas por Tomás Rosendo Dantes-Castillo y la empresa DC International, SRL.
Dantes-Castillo, quien según la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo justificó la propiedad de una porción de terreno amparada con la matricula núm. 3000595525, con una superficie de 2,950,000.00 metros cuadrados dentro del ámbito de la Parcela núm. 4213, del Distrito Catastral núm. 03, del municipio Duvergé, provincia Independencia, es el gerente general de la empresa DC International, SRL, entidad que también reclamó el no pago de la expropiación de terrenos por parte del Estado.
De acuerdo con la sentencia 0030-04-2023-SSEN-00088 de la Tercera Sala, las entidades del Estado demandadas en el proceso no depositaron escrito ni argumentaron sobre la demanda en justiprecio hecha por el reclamante.
Lo mismo establece la sentencia 0030-02-2023-SSEN-00343 de la Primera Sala del Tribunal respecto a la acción legal que interpuso International.
Según la cronología del caso, en fecha 17 de diciembre de 2021, el señor Tomás Rosendo Dantes-Castillo, interpuso la demanda de justiprecio en contra del Estado y del Ministerio De Medio Ambiente Y Recursos Naturales (Mimarena), en tanto que la entidad DC International, SRL interpuso la demanda contra en contra del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Estado representado por la Procuraduría General y Bienes Nacionales en fecha 03 de mayo de 2022.
En cuanto a la demanda del señor Dantes-Castillo, la Tercera Sala ordenó a Mensura Catastral realizar un informe en relación al inmueble en cuestión, para determinar con exactitud la cantidad de terreno propiedad del demandante que se encuentra dentro de los límites del área protegida Parque Nacional Sierra de Bahoruco.
“De acuerdo con lo observado en las imágenes satelitales el polígono de interés se encuentra en su totalidad dentro del área protegida parque nacional Sierra de Bahoruco”, establece el informe de la entidad gubernamental.
Refiere que fue comprobado el derecho de propiedad correspondiente al recurrente conforme a una Constancia Anotada, emitida en fecha 20 de diciembre de 2021, por el Registrador de Títulos del municipio Neyba, provincia Bahoruco.
De acuerdo con el demandante, el referdido inmueble tiene un valor que es de RD$1,858,970,000.00, con base en un valor promedio de RD$630.16 por metro cuadrado, sin embargo, la Dirección de Catastro le otorgó un valor total de RD$7,021,000.00, en razón de un valor promedio de RD$2.38 por metros cuadrados.
“Este Colegiado procede a ordenar el pago de la superficie de los 2,950,000.00 metros cuadrados , por el valor total de quinientos noventa millones de pesos (RD$590,000,000.00), en razón de RD$200.00 por metro cuadrado, toda vez, que representa un monto razonable para las partes”, establece el fallo del TSA al acoger parcialmente la demanda de justiprecio
Demanda de empresa DC
Las entidades del Estado pidieron declarar nula la demanda de la empresa DC International alegando falta de calidad de Tomás Dantes-Castillo sin embargo, de acuerdo al fallo judicial ninguna de las partes demandadas, ni la Procuraduría General Administrativa (PGA), aportaron medios probatorios que demuestren que él no sea el verdadero representante de la entidad demandante.
“En primer término ha sido comprobado el derecho de propiedad correspondiente a la demandante, entidad DC International, SRL, hecho no controvertido entre las partes, respecto a la porción de terreno amparada con la matrícula núm. 0600000441, con una superficie de 16,900,000.00 metros cuadrados, dentro del ámbito de la Parcela núm. 4213, del Distrito Catastral núm. 03, del municipio Duvergé, provincia Independencia, conforme a la Constancia Anotada, emitida en fecha 29 de diciembre de 2021, por el Registrador de Títulos del municipio Neyba, provincia Bahoruco”, refiere la sentencia de la Primera Sala del TSA.
Refiere que aunque la titularidad de la demandante sobre la propiedad está respaldada en una Constancia Anotada, Mensura Catastral dijo en su informe al tribunal que la porción se encuentra en su totalidad dentro del área protegida Parque Nacional Sierra de Bahoruco y que su propietario no recibió una justa compensación por parte del Estado.
Esa entidad gubernamental otorgó un valor total de RD$40,222,000.00, en razón de un valor promedio de RD$2.38 por metros cuadrados, una disparidad con de RD$11,123,000,000.00, que colocó la demandante en base a un valor promedio de RD$658.16 por metro cuadrado.
“Este Colegiado procede ordenar el pago de la superficie de los 16,900,000.00 metros cuadrados, por el valor total de seiscientos setenta y seis millones de pesos dominicanos con 00/100 centavos (RD$676,000,000.00), en razón de cuarenta pesos con 00/100 (RD$40.00) por metro cuadrado, toda vez, que representa un monto razonable para las partes”, refiere el fallo judicial.
Coalición decidió intervenir en el proceso
La Coalición para la Defensa de Áreas protegidas denunció que esos reclamos de falta de pago por los terrenos, que involucran el 70% del parque nacional, luego de que el Estado lo expropiara, se hicieron en base a títulos no depurados.
Refirió que son siete las demandas que han interpuesto la misma persona y empresa. Ya han logrado dos sentencias a favor.
“Ante la sospecha de que estas sentencias han sido obtenidas en base a documentación de procedencia cuestionable y de que el Tribunal actuante cometió inobservancias elementales, algunas agrupaciones miembro de nuestra Coalición han decido recurrir en tercería ante el TSA para impedir que el Estado Dominicano resulte estafado por cifras tan escandalosas”, informó la Coalición al recordar que en 2009 los demandantes intentaron hacer lo mismo en el Parque Cotubanamá.
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